Agentes de tránsito se acreditarán este mismo año

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Fuente: Secretaría de Movilidad | 2013-05-09 | 02:47:56 PM
El secretario de Movilidad informa al Concejo Metropolitano
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El secretario de Movilidad informa al Concejo Metropolitano
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La Secretaría de Movilidad presentó ante el Concejo Metropolitano de Quito un informe sobre las competencias en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Allí se destacó que la acreditación de agentes concluirá en septiembre del 2013 y que se mantienen vigentes los convenios con las instituciones nacionales para la transferencia de recursos hasta que el Municipio asuma la totalidad de competencias.

El secretario de Movilidad, Carlos Páez, indicó que en este año 2013 el estimado por matriculación y multas será de 135 millones de dólares. De ese monto, a Quito le corresponde 32.5 millones de dólares cuando se asuma la competencia total.

Además, existe un monto de proyectos de inversión que antes funcionaban como convenios con las entidades nacionales. Uno de esos convenios firmados en el 2010 le entregaba a Quito 25 millones por la matriculación. Ahora, de acuerdo al modelo de gestión de los municipios, si está en categoría A o B se destina un porcentaje. A Quito le corresponden 18 millones de dólares que es el 35% de los 50 millones destinados para proyectos de inversión.

Un tema pendiente es el del control operativo que significa el 52% de participación del recaudo de matriculación y multas asociadas. Una vez asumidas las competencias se tendrá derecho a esos porcentajes. Por eso, la resolución del Consejo Nacional de Competencias estableció que los convenios específicos suscritos mantienen vigencia, en cuanto a la distribución de recursos, hasta que se haga efectiva la transferencia total de competencias.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tenía la posición de que una vez que asuma la municipalidad la matriculación, el  convenio de 25 millones quedaba sin vigencia. Por eso la discusión  es que se debe establecer un monto o parte proporcional  de esos recursos para cubrir los  costos de operación en que incurre el municipio, como es el caso del equipamiento de los agentes, uniformes, operación y mantenimiento de la flota vehicular. Entonces, la idea es que se haga un prorrateo mensual de esos 25 millones.

A esto se debe sumar 18 millones por participación en fondos de inversión, más 32 millones de matriculación que representa un 48% del monto total desde enero del 2013 y el 52% en total a partir del mes que se asuma la totalidad de competencias. Por tanto, se logró establecer que el Consejo Nacional de Competencias reconozca la vigencia del convenio suscrito en el 2010 hasta establecer el monto final que le corresponde al Municipio de Quito.

El alcalde Augusto Barrera dijo que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)  tiene su sede en Guayaquil y por tanto hay que definir si sus autoridades se trasladan a Quito o si los agentes que deben ser acreditados vayan hasta el Puerto Principal. Esto no es un tema menor. Ayer ya se estableció un cronograma exacto de los procedimientos.

Los agentes podrán ser acreditados  hasta agosto o septiembre y, por supuesto, habrá los recursos necesarios para pagarles. Se requiere 1´200 .000 dólares mensuales para cubrir los componentes operativos. Se espera que 4 meses esté resuelto la acreditación de los agentes.

Páez indicó también que Quito comenzó a reclutar los agentes civiles desde abril del 2011 y que a la fecha están listos 1300. A ellos se suman el personal del mando y equipo técnico, lo que da un total de 1450 uniformados.

La Comisión de Tránsito del Ecuador será la encargada de acreditar a los agentes y lo hará mediante una evaluación detallada para lograr un reforzamiento en su formación de más o menos 80 horas. El proceso correría del 1 de junio hasta mediados de septiembre.

También se definirá si la Policía Nacional o la CTE  serán los encargados de mantener la oficina de investigación de accidentes de tránsito y hasta qué punto puede actual el agente civil de tránsito. Igualmente, entre junio y diciembre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) cargará un nuevo sistema informático en todo el país para evitar que se caiga el sistema de matriculación.

Antecedentes

La competencia del transporte terrestre y tránsito no es nueva; ya se viene ejecutando desde 1995 por decreto ejecutivo al instalar el proyecto Trolebús. Entonces se entregó al municipio la potestad de planificar el transporte, organizar, regular el tránsito a través de ordenanzas. Luego, la expedición de la ley orgánica del Distrito lo ratificó y también lo hizo la Constitución. Esto dejó dos temas pendientes: el control de tránsito y la matriculación, además de problemáticas de coordinación con la Policía Nacional en el control de tránsito, alejado de la planificación municipal. Finalmente nunca se trasfirieron los recursos suficientes para enfrentar estos temas.

Por eso, en la actualidad se plantea la consolidación de una autoridad municipal única; ello motivó que en junio del 2011 se hiciera el pedido formal de transferencia competencias totales con el tratamiento equitativo de recursos.

El Consejo Nacional de Competencias expidió la resolución 006  que fue publicada el  29 de  mayo del 2012 en el Registro Oficial 712. En dicha resolución se establecieron 3 niveles de gestión de acuerdo a la capacidad, tamaño y complejidad del municipio.

Las competencias

Las competencias que se asumen son referidas a tránsito, administración general, planificación, normativas, ordenanzas, control operativo, infracciones, leyes vigentes y registro vehicular.

Dentro de ello está el trasporte público y comercial, que tiene que ver con la planificación, regulación, normativa y control, fiscalización, emisión de  títulos habilitantes, permisos de operación y finalmente seguridad vial. Esta última cobra vigencia a raíz de la nueva ley de Tránsito en cuanto a planificación, regulación, ejercicio, control y campañas de seguridad vial.

La institución policial está atada, en su parte operativa de tránsito, a la ANT y, en cambio, la estructura administrativa, disciplinaria y de sanción está bajo la égida del Ministerio del Interior y el mando de la Policía Nacional.

Otra situación que se deberá analizar es el hecho de que la Policía Metropolitana hace cumplir ordenanzas pero la ley de Tránsito sigue a cargo de la Policía Nacional. Por tanto se espera superar estos problemas con la unificación de la autoridad y la trasferencia de recursos.

Finalmente se expuso que el 22 abril el alcalde emitió  la resolución 006 que crea la Agencia Metropolitana de Control de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entidad con autonomía administrativa y financiera.

La clasificación de los municipios

Quito está en la categoría A, junto a Guayaquil, Ibarra, Manta, Cuenca, Loja y Ambato. En la categoría B están los municipios medianos que asumen todas las competencias, menos el control operativo de tránsito en la vía pública.

Los de categoría C son los municipios pequeños que no se les incluye ni en el control ni en matriculación vehicular.

El burgomaestre manifestó que la realidad de cada unió de los municipios del grupo A es diferente. En Guayaquil, por ejemplo, crearán una empresa de movilidad con agentes privados. La empresa la conforman fundaciones privadas y en ella no interviene el concejo municipal.  

Cuenca se amparó en  la CTE  para constituir y formar los 200 agentes para atender 60.000 vehículos. Ibarra no avanza en el tema. Además no se ha determinado hasta dónde actúa el agente de tránsito, si hay delitos o víctimas

Los ingresos

Provienen de las habilitaciones operacionales que se otorga al transporte público y comercial que ya estaba a cargo del municipio.

También se extraen de infracciones de ordenanzas metropolitana: pico y placa, mal estacionados, etc; infracciones de  ley de  Tránsito que recaudaba el Gobierno Nacional y que pasarán a recaudarlos el municipio; el impuesto al rodaje; y la participación en el  recaudo por matriculación y multas asociadas, en donde el  23.69% pasará al municipio, en relación al parque automotor nacional y el parque existente en la capital.

El alcalde Barrera explicó que el porcentaje debe ser territorial, es decir, en Quito se matriculan 380.000 vehículos, pero circulan 70.000 carros de otros cantones, dando un total de 450.000 vehículos. Por eso se debe ver un mecanismo para acoger todos esos vehículos porque esto presentaría más ingresos para la ciudad, sin perjuicio de la solidaridad con otros cantones.

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