Municipio de Quito retomó aprobación de planos

Fuente: Concejo Metropolitano | 2011-11-11 | 08:18:29 AM
Proyectos habitacionales
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El Concejo Metropolitano aprobó en segundo debate la ordenanza que establece el Régimen Administrativo de Suelo en el Distrito referido a la tramitación que deben realizar los constructores para aprobación de planos. Esto implica pasar de un sistema de solo registro de planos a una aprobación con el aporte de entidades colaboradoras (profesionales de la construcción).

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del Concejo, explicó brevemente el proceso de realización de la ordenanza que ha llevado más de un año en ser consensuada con todos los sectores involucrados.

El alcalde Augusto Barrera indicó que la ordenanza se abordó en primer debate en mayo del año anterior y ha sido consensuada con todos los sectores involucrados en la construcción. Por tanto, es necesario endurecer la capacidad  de control y la capacidad operativa del mismo.

“En la tramitación anterior se dieron varios problemas como el hecho de eliminar la declaración juramentada del constructor por tanto sin asumir responsabilidad alguna y la otra poner el proyecto a nombre de una entidad jurídica, sin que exista una persona particular que responda por lo actuado. Esto limitó las acciones de control de la municipalidad”, señaló Barrera.

Además muchos perdían la garantía entregada por el constructor a la municipalidad y el costo se le endosaba al comprador.

Cabezas indicó que la Ordenanza 095 de Régimen Suelo hasta el 2005 aprobaba planos y se cambió a registro  debido a la lentitud de la tramitación y actos de corrupción.

Luego se emite la Ordenanza 138 en la que se especifica solo el registro de planos que contemplaba una declaración juramentada del profesional, sin embargo, se anula este requisito y pierde fuerza el nivel sancionador.

Según estadísticas del 2009 ingresaron al registro de planos 4 565 trámites y solo 605 de ellos obtuvieron la licencia de habitabilidad que es el proceso final de una construcción cuando cumple con todos los requisitos. Solo el 10% de los trámites culminaron con el proceso.

“Si se compara la inversión inmobiliaria de cientos de millones de dólares frente a lo cobrado por la municipalidad en el año 2009 es insignificante, apenas el valor de 1,5 millones de dólares. De ahí que el servicio no justifica eficiencia y calidad frente a lo que se cobra”, explicó Cabezas.

En la ordenanza hay que hacer un ajuste en el costo de servicio que harán las agencias colaboradoras.

Dos licencias
Licencia Metropolitana Urbanística (LMU 10) se refiere a habitabilidad del suelo y fragmentaciones.

La LMU 20 que trata sobre la edificabilidad desde una casa chica hasta una gran edificación o condominio.

La LMU 10 se refiere a la habilitación del suelo, propiedad de carácter particular y municipal, las reestructuraciones parcelarias, procesos de urbanización privada y de interés social.

Existen dos procedimientos: uno ordinario se tramita en las administraciones zonales y otro especial referido a urbanizaciones en áreas patrimoniales, de propiedad municipal y otros equipamientos urbanos que requieren de un informe de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Hábitat y Vivienda.

La entidad colaboradora revisa el proyecto y le pase al municipio para la aprobación pero bajo la responsabilidad técnica de la primera entidad.

La Agencia Metropolitana de Control hará revisiones y supervisiones aleatorias de los trabajos y tendrá capacidad sancionadora.

Una mesa técnica conformada por la Secretaría Ordenamiento Territorial Hábitat y Vivienda, Procuraduría Metropolitana, Dirección de Avalúos y Catastros darán su informe sobre los proyectos, luego pasará a la Comisión de Suelo del Concejo y finalmente al Concejo Metropolitano para su aprobación.

LMU 20 tiene relación con las edificaciones, incidencias sobre intervenciones constructivas, registro de planos, declaratorias de propiedad horizontal, avance de obras, habitabilidad.

En esta licencia se incorpora un procedimiento simplificado referido a construcciones menores a 40m2. El segundo ordinario que son intervenciones constructivas mayores y proyectos técnicos de declaratoria de propiedad horizontal.

El tercer procedimiento es especial referido a servicios, equipamientos urbanos grandes como centros comerciales, hospitales, urbanizaciones requieren del pronunciamiento de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Hábitat y Vivienda.

El procedimiento es similar la entidad colaboradora emite su informe técnico de revisión de planos, la municipalidad emite la licencia y la Agencia Metropolitana de Control supervisa el proceso constructivo.

“Las obras pequeñas serán despachadas inmediatamente y las obras más grandes requieren de observaciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Hábitat y Vivienda y el Concejo Metropolitano como procedimiento ordinario” recalcó Barrera.

Procedimientos para ejecutar la ordenanza
Los procedimientos y trámites iniciados con anterioridad se mantendrán en la normativa anterior.

En un plazo de seis meses, luego de que se publique la ordenanza en la gaceta oficial, se realizará la licitación pública y acreditación de las entidades colaboradoras. También se afinarán los roles de las entidades colaboradoras y tarifas en las bases de licitación.

En el mismo periodo la Secretaria de Coordinación Territorial y Participación y la Dirección de Informática readecuará los programas informáticos, recursos económicos y logísticos.

La Agencia Metropolitana de Control deberán conformar los equipos control y seguimiento y las administraciones zonales serán capacitadas con la nueva normativa.

Esta normativa de aprobación de planos tiene relación con otras ordenanzas que serán presentadas en las próximas semanas: 3 746 referida a Normas de Arquitectura y Urbanismo, 255 de Régimen de Suelo (sanciones) y 031 del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS).

Varios concejales pidieron que se incluyan responsabilidades civiles, penales y administrativas para los técnicos que emitieron licencias y no contemplaron las normas vigentes, con la misma rigurosidad que se hace con el constructor que infringió alguna normativa.

La notificación de los trámites e informes técnicos deben tener pazos fijos para evitar cualquier distorsión. Las demoliciones deben también estar sujetas a licencias y controles por las afectaciones que pueden tener.

Las sanciones que se hagan al constructor deben estar sujetas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD) y se debe establecer un cronograma de plazos para la emisión de informes que haga la mesa técnica. Estas y otras observaciones fueron acogidas para la probación definitiva en segundo debate.
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